El poder, ¿para qué?

Publicado en Revista Hacer Empresa


Lo que una persona dice en caliente suele ser motivo de arrepentimiento cuando la pasión se aplaca. Pero que tal o cual sentencia haya sido inapropiada para mantener una relación no quiere decir que lo que se dice en un momento de fogosidad extrema no contenga lo que la persona realmente siente y piensa. Cuando se negocia se da un enfrentamiento entre intereses contrapuestos. Si no hubiera tal confrontación, no habría necesidad de negociar. Aunque a algunos les gusta insistir con el tan manido win-win, no se puede desconocer que en toda negociación lo que marca las posibilidades de que una parte salga gananciosa pasa por cómo viene dado el balance de poderes.

Entrando en el tema que ocupa el informe central de esta edición de Hacer Empresa, es evidente que la historia y el sentido común muestran que la unión hace la fuerza. En tal máxima ha residido el esfuerzo de los sindicatos de trabajadores que, desde tiempos inmemoriales, comprendieron que la capacidad de negociación —el poder, en definitiva— de un trabajador aislado era mínimo llegado el momento de negociar con el empleador. En realidad, no es tan mínimo si se trata de una persona que ha optado por construir una capacidad negociadora a base de estudio, formación, desarrollo de habilidades o el conocimiento que sea, que le permite tener una posición de poder suficiente que lo pone en un pie de igualdad con el empleador. También puede suceder que el poder del trabajador venga dado por un factor exógeno, como lo es un exceso de demanda laboral que hace que el empleador caiga en una posición de debilidad por el juego de la oferta y demanda. Cuando ninguno de estos casos se presenta, es decir, ni el trabajador ha desarrollado capacidades que le otorgan un poder idiosincrático suficiente, ni el desequilibrio entre oferta y demanda es tal que el empleador se encuentra en desventaja frente al empleado, los sindicatos encuentran su razón de ser en construir poder colectivo, que el trabajador por sí solo no alcanzaría.

El poder es la clave. Pero ¿poder para qué? Para usarlo en beneficio de los que forman parte del sindicato sin causar un perjuicio desproporcionado al resto de la sociedad. Nadie puede estar en desacuerdo con que el sindicato debe buscar la mayor cantidad de beneficios para su afiliado. No tantos estarían de acuerdo con que lo anterior deba alcanzarse sin trasladar costos en demasía al resto de los ciudadanos. Esta segunda condición no se le debe exigir solamente al mundo sindical. Vale para los empresarios y cualquier otro colectivo. Los avances en conciencia ambiental han llevado a castigar a empresas que, con decisiones orientadas a buscar el fin mercantil que las beneficia —en todo su derecho—, generan externalidades negativas, por ejemplo de polución, que eventualmente afectan a las personas que residen en las inmediaciones donde se desarrolla la operación.

Es evidente que los últimos catorce años han mostrado un claro fortalecimiento del poder de los sindicatos. La llegada al poder del Frente Amplio, tanto por ideología como por alianzas electorales y sociales, se tradujo en una serie de decisiones formales, leyes y decretos, así como gestos políticos que, como era previsible, incrementó en mucho el poder que los sindicatos utilizaron para mejorar su posición negociadora con el sector empleador. Nada de esto es censurable en sí mismo. Para algo la gente vota y elige una opción electoral: para alcanzar objetivos personales y colectivos que le resultan convenientes o simplemente apetecibles.

La motivación que llevó a elegir tratar este asunto va por otro lado. Volviendo a las líneas que abrían esta columna, se percibe no ya en el mundo empresarial sino incluso en agentes del gobierno, y hasta en actores del mundo sindical, una sensación de que el poder esta desbalanceado en exceso, o dicho en forma más llana, “esto se salió de madre”. Pero aunque esta percepción sea la que es —ratificada por la muy mala consideración que en encuestas de opinión pública obtienen los sindicatos frente a instituciones tan vilipendiadas un tiempo atrás, como el ejército— asusta a muchos imaginar que un cambio en el partido de gobierno traiga una “restauración” de vaya a saber uno qué, o simplemente a impulsar el péndulo en exceso hacia el otro extremo.

Hace un tiempo un presidente de nuestra República hizo célebre la afirmación acerca de que “lo político está por encima de lo jurídico”. Aunque en el momento no lo pareció, esa afirmación fue muy feliz, pues generó la oportunidad de que personas de todo tipo y color, ante una sinceridad tan descarnada, se sintieran compelidas a preguntarse qué es lo que deseaban que primara en el ordenamiento de nuestra sociedad. Hoy y aquí tenemos un interés similar, ¿conviene que la fuerza negociadora sea lo que prevalezca sobre la norma?

Deberíamos considerar si no ha llegado el momento de pedir a lo jurídico que nos ayude a encaminar un desbalance de poderes que ya no solo está afectando negativamente a los aparentemente beneficiados, sino a toda la sociedad que no entiende lo que le está pasando.

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