Reflexiones acerca de la lucha contra la corrupción

Publicado en Revista Hacer Empresa

Coautor: Leonardo Veiga

Los autores Regent y Veiga realizan algunas reflexiones acerca de las medidas que pueden utilizarse en la lucha contra la corrupción; aseguran que ésta no puede ser un objetivo final sino una condición de cualquier gobierno.


Las referencias al problema de la corrupción en el ámbito público se han vuelto un tema recurrente. La convicción de que los servidores públicos uruguayos estaban por encima de este flagelo parece haber dejado de ser un activo en el sentir de parte de la ciudadanía. Hasta qué punto esto es cierto o responde a una percepción equivocada queda fuera del alcance de este artículo. Nuestro interés se centra en lo que se ha convertido en un lugar común del discurso político -en realidad deberíamos decir electoral- de la ya larga campaña para las elecciones venideras. Nos referimos a la lucha contra los actos corruptos que cada eventual gobernante afirma que habrá de llevar a cabo en caso de ser electo. Sin lugar a duda, no ha de haber ciudadano que pueda darse el lujo de no compartir tal propuesta.

Pero lo que se torna preocupante es el carácter que se le confiere, parecería que la lucha contra la corrupción fuera un objetivo excluyente. Más aún, en forma explícita se ha llegado a manifestar que no hay que tener demasiados planes de gobierno pues con «no robar alcanza».

A lo largo del artículo[1] intentaremos mostrar cómo la lucha contra la corrupción no puede ser un objetivo final, sino que ha de ser una condición a tener en cuenta -quizá una de las más importantes- en la gestión de cualquier gobierno. Paso previo a comenzar a trabajar es definir los objetivos en términos positivos de generación de posibilidades para que cada ciudadano encuentre caminos de desarrollo e incremento de su bienestar familiar y social. Es posible que el esfuerzo de llevar adelante este artículo sea inútil. Así sería si las manifestaciones a las que hemos hecho referencia hubieran sido realizadas con simples fines electorales, o como producto secundario de la usual incontinencia verbal que aflora en momentos de lucha política. Si este es el caso, no importa la inutilidad del artículo, pues lo realmente importante es que quien gobierne en el futuro defina los objetivos correctos y trabaje en forma honesta, responsable, participativa y diligente en pos de ellos.

Estructura del artículo. Comenzaremos por llamar la atención sobre los riesgos de las modas en materia de gestión, tanto de instituciones públicas como privadas. Luego definiremos qué se entiende por acto corrupto, para a continuación ilustrar al lector acerca de las connotaciones de lo que podría considerarse una derivación de la «ley de los rendimientos decrecientes». Antes de pasar a las conclusiones, utilizaremos algunos principios básicos del control de gestión para acotar las tácticas viables a utilizar en el combate a la corrupción. El capítulo de conclusiones se estructura sobre la base de algunas ideas centrales que, expresadas de una u otra forma, son las que nos han motivado a emprender este trabajo.

La moda, ¿qué es?

La moda es el componente más volátil de la cultura. Normalmente cumple un papel funcional en el marco de una sociedad al reflejar el sentir circunstancial de ésta, razón por la cual está signada por la transitoriedad.

En la sociedad moderna, el cambio se ha transformado en algo bueno en sí mismo y la moda es un excelente medio para su introducción. Ello ha llevado a que el fenómeno de la moda tienda a exceder sus ámbitos naturales, e incursione en áreas en las cuales su presencia es inapropiada e inclusive inconducente; por ejemplo, en la administración tanto pública como privada.

En el campo de la administración, la moda ha tenido y tiene un efecto claramente pernicioso. Es frecuente que académicos y/o consultores procuren demostrar que han generado conocimientos trascendentes que brindarán herramientas imprescindibles para los empresarios (ver recuadro «Cada remedio con su prospecto»). Estas ideas, amplificadas por los medios de comunicación generan expectativas infundadas que llevan a que, posteriormente, quienes las aplicaron pasen del fanatismo al escepticismo. La frustración que esto provoca, lleva a que el aprovechamiento a largo plazo de estas nuevas técnicas sea mucho menor que el que hubiese sido conveniente. Herramientas como el presupuesto base cero, o la reingeniería son sólo algunos ejemplos de víctimas de la moda; instrumentos con gran potencial que han sido abandonados -pese a que en su momento fueron útiles- por convertirse en moda más allá de su campo y oportunidad de aplicación. En materia de los asuntos públicos, las modas también hacen sus estragos. En este artículo procuraremos evaluar si el tema de la corrupción no se está transformando en su próxima víctima potencial. La elección de este tema no es por mero capricho; la motivación se genera a partir de la frecuencia alarmante con que, en la prensa y en los medios en general, se escucha a dirigentes políticos argumentar que el país sale adelante con el sencillo expediente de reducir a cero la corrupción. No podemos saber si tales comentarios no son más que frases de alto contenido electoral, pero por si alguien se las toma en serio, pretendemos realizar un aporte que ayude a la reflexión mesurada, la que confiemos habrá de venir a partir del primero de diciembre, gane quien gane en noviembre (o en octubre).

Definiendo la corrupción

En primer lugar, veamos qué entendemos por corrupción. Corrupción: En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores»[2].

Esta definición es muy afín al concepto de oportunismo económico[3], el cual podemos definir como la búsqueda del interés personal sin consideración hacia las reglas establecidas o los compromisos asumidos. El concepto esencial aquí es que, en la búsqueda del interés personal, el involucrado «se pasa de la raya» a costa del interés general. Así definido parecería evidente que toda aquella acción de lucha contra la corrupción iría pues en el sentido del interés general[4]. Más aún, las circunstancias en las que sucede un acto corrupto recomiendan medidas de sistemas de control totalmente diferentes de acuerdo a si la misma se da en un sector o país de corrupción esporádica, generalizada o, en el caso extremo, institucionalizada. Nos centraremos ahora en analizar cómo ese tipo de razonamiento lineal lleva a conclusiones erróneas y a medidas contraproducentes.

Rendimientos marginales

Para transmitir nuestro argumento utilizaremos una analogía. En un artículo anterior[5] se analizó cómo los distintos niveles de presión fiscal influyen directamente sobre el nivel de recaudación e, indirectamente, sobre el nivel de actividad. La Curva de Lafer es la representación gráfica de ese fenómeno. En particular, cuando el tipo impositivo medio excede determinados niveles, el efecto que ello tiene es reducir la recaudación, debido al aumento de la evasión y al efecto depresivo que provoca la presión tributaria sobre el nivel de actividad. En el extremo, cuando el tipo impositivo medio es el 100% -esto es, el fisco se queda con todo- el nivel de actividad baja a cero.

Las medidas contra la corrupción tienen, en algunos aspectos, un efecto similar al de la evolución de la presión tributaria. Veamos primero en qué pueden consistir esas medidas para luego evaluar su efecto sobre el nivel de actividad.


Cada remedio con su prospecto

La caja de herramientas del management es cada vez mayor. Los directivos agresivos aplican simultáneamente cada vez más herramientas (los más à la page, unas 11 de un total de 200)1. Las consultoras y las editoras de literatura mercantil, por razones obvias, amplían el dominio de aplicación indefinidamente. Algunas escuelas de negocios por razones menos obvias- arman sus programas como si de un entramado de técnicas se tratara; como si del escaparate de una farmacia se tratara.

El término «herramienta» resulta inadecuado puesto que sugiere que da el mismo resultado en cualquier circunstancia, como sucede con una llave inglesa o un termómetro. Ni siquiera sería adecuado si se tratara de remedios para una enfermedad, por ejemplo, debido a la gran dispersión en los resultados fisiológicos o biológicos (más menos 17%) Más aún en un organismo social en el que ni siquiera existe una «temperatura normal» de referencia, no existen los «37º C». En todos los casos, sociales, fisiológicos e incluso materiales, ha de observarse el campo de validez de aplicación y utilidad de cada remedio.

La sorpresa es tan grande, la «fe» en las herramientas tan profunda, que la reacción ante los resultados negativos conduce a administrar más de lo mismo en la creencia de que «el resultado está al caer»; aumentar la dosis, en vez de juzgar si ese es el remedio oportuno. El caso es que una misma herramienta lo mismo salva a una empresa que hunde a otra.

Se necesita, por tanto, que cada área del conocimiento y acción del management explicite cuál es el campo de aplicación de los remedios que desarrolla, uno a uno; cuáles sus indicaciones y posología, cuáles sus efectos secundarios, qué contraindicaciones, precauciones, interacciones e incompatibilidades, y qué hacer en caso de intoxicación. Cada herramienta de management tendría que incluir un detallado prospecto sobre cómo usarla y advertir que debería estar fuera del alcance de los niños.

1  N. Noria, W. Joyce y B. Roberson. Harvard Deusto Business Review, Nº 116, pág. 48.


Lucha contra la corrupción

Aunque con salvedades, es posible afirmar que la corrupción es un comportamiento motivado. Esto tiene dos componentes. En primer lugar, en lo que a comportamiento se refiere, no puede haber corrupción donde no hay una omisión o una acción que se considera indebida. En segundo lugar, no hay corrupción que no sea intencional, al menos en la dimensión del sujeto que realiza el acto. Si no existe intención estamos ante un simple error; lo que no quiere decir que a veces algunos errores sin mala intención no hacen más daño que otras acciones con no tan buena intención. La ignorancia y el desconocimiento de las normas suelen ser fuente de actos corruptos, muchas veces sin la complicidad expresa del agente que lo realiza. La lucha contra la corrupción puede atacar ambos frentes: controlar el comportamiento de las personas, o procurar influir sobre sus escalas de valores para que las personas se autoinhiban de tener comportamientos oportunistas.

Los esfuerzos para modificar las escalas de valores de las personas, particularmente a través de un papel protagónico del Estado, enfrentan severas limitaciones (ver recuadro «Manes cabalga de nuevo»). Por esta razón, las acciones que se emprenden normalmente en esta materia se concentran en el primer componente: el control de los comportamientos[6].

El control de los comportamientos puede ser realizado directa o indirectamente[7][8]. En el caso del control directo (controlar las acciones o los procedimientos), lo que se regula son las acciones desarrolladas por el sujeto bajo supervisión. El control indirecto (controlar los resultados) se basa en la verificación de la consecuencia de sus acciones; esto es, no se controlan directamente los comportamientos sino los resultados que éstos provocan. La introducción del factor corrupción complica este panorama. En efecto, el control por resultados hace énfasis en lograr los objetivos asignados, pero no en cómo se han logrado, razón por la cual su eficacia como instrumento de control de la corrupción es normalmente catalogada como baja.

En este contexto, un programa agresivo de lucha contra la corrupción con expectativa de resultados inmediatos, hace énfasis en la introducción de normas sumamente minuciosas donde se establecen, para cada área de responsabilidad, regulaciones detalladas y, en particular, se estipulan una serie de prohibiciones en forma explícita. Adicionalmente, deben establecerse procedimientos de control muy fuertes para verificar el cumplimiento de esa normativa. La razón de esto último es que el efecto disuasivo de un castigo muy duro para aquel que realiza una acción determinada, suele ser insuficiente si no hay al menos un mínimo de esfuerzo en controlar (observar) si tal acción ha sido llevada a cabo.

Este tipo de medidas tiene varios efectos cuyo peso relativo depende crucialmente de la forma en que son diseñadas e implementadas (ver recuadro «Movimientos pendulares»). En primer lugar, la multiplicidad de situaciones a las que se ven enfrentados aquellos a los que va dirigida la regulación difícilmente será contemplada por la misma. Como consecuencia de ello, las opciones que son contempladas expresamente y dentro de las cuales el regulado deberá elegir, serán un subconjunto de las opciones posibles, y llevarán a que las decisiones que se adopten sean sub-óptimas. Un ejemplo típico de esta situación son las normas en materia de compras del Estado. Cuanto más se regule la forma en que los ordenadores del gasto deben comprar, menor margen habrá para los comportamientos oportunistas. En contrapartida, dicho ordenador se verá enfrentado a una multiplicidad de situaciones en donde deberá descartar una oferta, de la que está convencido que es la mejor opción, por el simple hecho de que la excesiva regulación de la forma en que deben ser ponderados los diversos atributos de la oferta, hacen que el procedimiento establecido no sea el adecuado para el caso bajo consideración.

En segundo lugar, toda regulación que no sea acompañada de un control adecuado de su acatamiento tendrá un efecto contraproducente. Los legisladores, particularmente, tienen una tendencia a subestimar las limitaciones en materia de control que toda regulación implica. En Uruguay, uno de los grandes problemas es la evasión tributaria y la informalidad, al punto tal que el cumplimiento de las obligaciones tributarias en determinadas épocas ha sido percibido como una cuestión voluntaria, (si el lector tiene alguna dificultad para comprender esta afirmación, le recomendamos que dedique unas horas del próximo sábado a visitar la popular feria de Villa Biarritz; comprenderá todo muy rápidamente).

El problema es que la falta de acatamiento de las normas -cuando se transforma en una práctica generalizada- somete al conjunto reducido de quienes la acatan a una situación en donde lo que está en juego es su propia supervivencia como unidad productiva. Las normas contra la corrupción, si no son debidamente controladas terminan siendo un arma para los corruptos, en tanto no hacen sino restringir el margen de libertad de quienes no lo son. Muchos de los países en donde la corrupción es un problema endémico son prolíficos en regulaciones. Es precisamente esa normativa la que da herramientas al corrupto. Las «mordidas» por la que son famosos los inspectores de tránsito de muchos países latinoamericanos, son obtenibles porque hay una norma que éste puede ofrecer violar y porque hay un mercado potencial a explotar. Cuanto más restrictiva sea la norma (no más de 45 kilómetros por hora, detener la marcha ante un cartel de Pare pese a la ausencia de tránsito…) más posibilidades se le presentan a aquel que quiera aprovecharse indebidamente de la ordenanza.


Manes cabalga de nuevo

Manes, un persa que vivió en el siglo III, fundó una secta que se extendió notablemente a lo largo y ancho del mundo de la época, y llegó incluso hasta el propio Imperio Romano. Manes no se conformó con su labor fundacional, sino que se declaró enviado de Dios, un nuevo profeta que traía el mensaje de que la lucha entre el bien y el mal correspondía a una lucha eterna entre dos principios opuestos e irreductibles. El éxito circunstancial que tuvo Manes fue notable, e incluso figuras reconocidas por su enorme brillantez intelectual como San Agustín, pasaron un cierto tiempo seducidos por sus enseñanzas.

No es extraño que esto sucediera pues a lo largo de los tiempos ha habido una gran tentación por extrapolar las ideas de Manes a la vida común y corriente. Cada vez que alguien aparece diciendo que los hombres se dividen en buenos y malos, es decir, que todo lo bueno es patrimonio de unos y todo lo malo del grupo opositor o que simplemente piensa diferente, se habla de maniqueísmo.

Resulta más cómodo imaginar que la honestidad es una cuestión genética, o cultural, o patrimonio de una ideología, que reconocer que ésta no es patrimonio de nadie, sino que, por el contrario, sólo la puede reconocer como propia aquel que cada día se sabe frágil y con riesgo de caer en el error. Quien mantiene esta actitud comprende que la deshonestidad o la corrupción, sólo pueden ser evitadas poniendo los medios para no caer en situaciones en las cuales la tentación será muy grande. En materia de gestión pública, no es la genética ni la ideología la que trae la deshonestidad, sino la exposición al ejercicio del poder. Por ello, la vieja máxima acerca de que el poder corrompe, debería ser más meditada por cuantos aspiran a detentarlo, para así tomar las precauciones necesarias.


En este contexto, la forma más grave que puede adoptar la corrupción es cuando ésta se transforma en la pauta de comportamiento de una actividad específica. Supongamos un sector en donde existen reglas tácitas, cuyo acatamiento está basado en un fuerte control entre pares que permiten que la actividad se realice con gran agilidad y seguridad. En una situación de este tipo puede darse, cada tanto, un caso de comportamiento oportunista pero la consecuencia será que sus pares penalizarán severamente este comportamiento.

Esa capacidad del sector para autorregularse genera una ventaja competitiva con relación a idénticos sectores de otros países o regiones, y es un activo que forma parte del capital social. Ahora bien, circunstancialmente se dará un episodio de comportamiento indebido, más o menos grave, que a los ojos de un tercero podrá ser explicado como la consecuencia de la ausencia de regulaciones formales. Si el asunto se sale de proporción, se corre el riesgo de que se llegue a la conclusión errada de que es necesario introducir normas estrictas que regulen la conducta de los operadores del sector. El sector perderá así una de sus ventajas competitivas, y podrá quedar en riesgo su propia viabilidad. Se habrá matado la enfermedad, pero a costa de matar al enfermo (ver recuadro «Dictadura o democracia»).


Movimientos pendulares

Hace un tiempo, en una empresa que disfrutaba de un relativamente buen ambiente laboral, se descubrió que un par de empleados abusaban de las llamadas telefónicas de larga distancia. Aprovechando que en aquellos tiempos era muy escasa la información disponible en la factura del servicio telefónico, estos dos empleados desleales realizaban llamadas a amigos y familiares que vivían en destinos lejanos como Suecia y Australia.

Como en tantas otras empresas, en esta no se realizaba ningún control estricto sobre el uso del teléfono. Por lo tanto, cuando gracias a que las facturas telefónicas comenzaron a brindar más información el fraude quedó al descubierto, la indignación de su gerente general fue enorme. La reacción, además de la sanción correspondiente a los infractores, llevó a un control absoluto sobre las llamadas telefónicas (se llenó de códigos y contra-códigos el proceso de uso del aparato inalámbrico).

El resto de los empleados, más de 30 personas que nunca habían tenido una conducta abusiva, se sintieron indignados por el exceso en la reacción, que no hacía más que mostrar una falta de confianza generalizada. Por otra parte, las incomodidades propias de los controles excesivos en el uso del teléfono condujeron, sin lugar a dudas, a que la empresa incurriera en ineficiencias que le generaron pérdidas económicas ocultas. De la misma forma que la ausencia total de control pudo haber sido algo irresponsable, el exceso del mismo sobre un colectivo de personas que se habían comportado honestamente por voluntad propia fue una muestra de la falta de prudencia de la gerencia general de la empresa.

Este tipo de reacción, tan común en todo tipo de organización, no es otra cosa que lo que se conoce como la ley del péndulo, en el cual a un error en el control le sigue un error mayúsculo en la aplicación de controles que no sirven para nada, salvo para fastidiar a los que no corresponde.

El final de tan triste secuela no es más que el aflojamiento de las medidas de control una vez que pasa un cierto tiempo, pues los excesos de control no pueden ser sostenidos en forma indefinida. Una vez que sucede esto, el péndulo suele irse para el otro lado y comienza de nuevo la secuencia. Las medidas, tan festejadas en su momento, de instalar al ejército a lo largo de la frontera con Brasil con el fin de impedir el paso del contrabando podrían ser examinadas a la luz de estos comentarios.


Lo cierto es, pues, que la existencia de comportamientos oportunistas circunstanciales es algo inevitable. Retomemos aquí el paralelismo entre la Curva de Lafer y el control de la corrupción. La relación entre corrupción y nivel de riqueza puede ser representada como figura en el gráfico 1. Para simplificar el asunto hemos asumido que el nivel de control del acatamiento de la norma se da por supuesto.

Imagen1

En ausencia total de regulaciones, estamos frente a la «ley de la selva». Los economistas liberales sostienen que en esa hipótesis los sectores tenderán a la autorregulación, y en muchos casos quedará en evidencia que la regulación es superflua. Adoptaremos aquí el criterio más conservador de asumir que en ausencia total de regulación no es posible desarrollar la actividad bajo análisis o, por lo menos, que no es posible desarrollarla sin violar estándares mínimos de comportamiento inherentes a la escala de valores de los operadores no oportunistas.

A medida que se introducen algunas regulaciones básicas se facilita el accionar de los agentes económicos, con el consiguiente beneficio sobre el nivel de actividad. A partir de determinado momento, el incremento de los niveles de regulación pasa a constituirse en un perjuicio para los operadores. Algunos de ellos empiezan a encontrar que la violación de las regulaciones se puede transformar en una ventaja competitiva adicional frente a sus rivales y, por otro lado, los operadores que acatan la regulación deben por ello tomar decisiones sub-óptimas, y disminuir consiguientemente su nivel de desempeño. Llega determinado momento que los excesos de regulación asfixian al sector, o por lo menos lo transforman en totalmente informal.

Objetivos y restricciones

En la vida civil, social, o comercial, es fundamental no confundir medios con fines o, lo que no es lo mismo, pero si parecido, objetivos con restricciones. Luego de haber planteado el marco de referencia necesario como respuesta a la preocupación expuesta al comienzo de este artículo, dedicaremos la segunda parte a comentar algunas implicaciones prácticas para los ciudadanos del Uruguay contemporáneo.

Reflexionemos por un momento acerca de las siguientes afirmaciones. Éstas forman parte del discurso electoral de cualquier candidato a dirigente de una organización, pública o privada, aunque en nuestro caso es obvio que corresponde analizarlas a la luz de las circunstancias de las próximas elecciones nacionales:

  1. «Nuestro objetivo es eliminar la corrupción».
  2. «Para lograr un buen gobierno alcanza con eliminar la corrupción».
  3. «Cualquier accionar corrupto que sea descubierto será sancionado».

Un lector u oyente algo distraído o poco distraído, pero suficientemente escéptico, podría concluir que todas las afirmaciones dicen más o menos lo mismo. Analicemos cada una de ellas con algo más de profundidad.


Dictadura o democracia

En un congreso realizado tiempo atrás y durante una sesión de discusión académica, se generó un debate algo acalorado acerca de qué era lo que distinguía a un país democrático de uno con características autoritarias o dictatoriales. Obviamente que el debate no se conformaba con las cuestiones formales, sino que iba más allá, apuntando al real ejercicio de la democracia.

Una de las mejores definiciones que, aunque no conformó a todos sí logró un amplio gesto de aceptación, fue la siguiente: en una democracia genuina, se prefiere correr el riesgo de que un culpable quede sin condena antes de caer en el error de que un inocente sea condenado. Por el contrario, en un gobierno autoritario, el valor más preciado es evitar a toda costa que un culpable no sea castigado, aunque el costo sea castigar inocentes injustamente.

Lo mismo podría decirse en las empresas, públicas o privadas. Hay quienes argumentan que es mejor tratar a todos los empleados como potenciales delincuentes ya que así ninguno tendrá la chance de actuar fraudulentamente. Este principio de la vida real se encuentra ampliamente defendido por prestigiosos académicos como, por ejemplo, Oliver Williamson; y criticado en forma igualmente amplia por otros renombrados como el recientemente fallecido Sumantra Ghoshal.


  1. «Nuestro objetivo es eliminar la corrupción»

Si alguien afirma que el objetivo es eliminar la corrupción, está diciendo que el resultado deseado para un cierto período de tiempo será que no haya actos corruptos. Más aún, si debiera -y estén seguros que debería- definir un indicador que le mostrase los logros de su gestión, tendría que diseñar uno que sirviera para observar si el número de actos corruptos tiende a cero. Para lograr un buen resultado en el indicador, y dado que el objetivo último es: actos corruptos = 0, todas las acciones del gobierno habrían de dedicarse a impedir, encarecer y desestimular que el accionar de los miembros de la organización derive hacia un acto corrupto.

No hay que ser muy sagaz para saber que la mejor forma de reducir el número de estos actos indeseados pasa, en gran medida, por evitar aquellas acciones que las personas habrán de ejecutar utilizando su criterio personal. Por lo tanto, un camino que debería seguir quien busca como objetivo último la reducción a cero del número de actos corruptos, pasa por reducir el nivel de actividad de todas aquellas acciones que no puedan ser programables con exactitud completa.

En otras palabras, toda actividad que no pudiera ser transferida al ámbito de un sistema automatizado -una computadora o similar- tendrá implícito el riesgo de ser fuente de actos corruptos; por lo tanto, la recomendación obligada iría hacia eliminar este tipo de actividad. Si se desea más fundamentos para estas conclusiones, sugerimos que el lector vuelva a leer el apartado «Lucha contra la corrupción» (dentro de este mismo artículo) y realice una visita a la referencia sugerida del profesor Merchant, en particular los escritos relacionados con tácticas de control por acciones y por resultados.

¿Cree usted que un ciudadano podría sentirse realizado con el logro de este objetivo en el ámbito nacional? Aunque hay gente para todo, seguramente la mayoría de los consultados dirían que en sí mismo, tal logro no los llena, salvo en el sentimiento de cierta paz interior gracias a la percepción de justicia y el alimento de una mayor esperanza, de que a través de dicho logro se incremente su propio nivel de bienestar y el del resto de sus conciudadanos. Por lo tanto, si la reducción de la corrupción fue a costa de disminuir el nivel de actividad, difícilmente se logre la aprobación popular una vez pasados los primeros tiempos.

2. «Para lograr un buen gobierno alcanza con eliminar la corrupción»

Aunque esta afirmación puede parecer idéntica a la anterior, hay algunas diferencias que merecen atención. En la sentencia anterior no se estaba prometiendo ningún tipo de resultado más allá de convertir la vida de la sociedad u organización en un remanso de actividad libre de actos impuros. No se vaticinaba que la ausencia de corrupción devendría en un mayor bienestar para los miembros del colectivo. Quizá la única promesa implícita se encuentra en el goce natural e inmediato, que todo miembro de una organización o ciudadano de una sociedad habrá de percibir al saber que nadie está recibiendo favores a los que no tiene derecho. Nótese que en la afirmación número 1, el logro de los resultados de corrupción nula es perfectamente compatible con niveles de satisfacción insignificantes en términos de acceso a bienes materiales, culturales o del tipo que sea.

Hasta qué punto la gente va a estar feliz y satisfecha con esta nueva situación, es una incógnita. Quizá no sea aventurado afirmar que la satisfacción inmediata provocada por la constatación de que nadie se beneficia en forma indebida, dé paso rápidamente a una insatisfacción provocada por la falta de acceso a otros bienes algo más materiales como mejores condiciones alimenticias, mejor acceso a sistemas de salud, más oportunidades de desarrollo profesional, o los que cualquier padre de familia pueda imaginar.

  1. «Cualquier accionar corrupto que sea descubierto será sancionado»

Esta afirmación es sutilmente diferente a las anteriores. Aquí no se está afirmando que el objetivo final sea eliminar la corrupción ni tampoco se está cayendo en el disparate de defender que para lograr resultados en términos de buena gestión de gobierno alcanza con eliminar la corrupción. Lo que se sostiene es que, detectado un acto corrupto, no se aceptará convivir con él; pero se lo está manejando como una restricción y no como un objetivo. Implícitamente, se está diciendo que en la búsqueda de un resultado positivo -del tipo que sea- se trabajará con la restricción de no aceptar comportamientos corruptos. Bajo esta afirmación, a nadie se le ocurriría decir que la prioridad será disminuir el nivel de actividad para alcanzar el objetivo de una corrupción menor. En realidad, lo que se estaría afirmando es que se maximizará el nivel de actividad con la restricción de controlar el grado de corrupción asociado.


Con resolver los problemas no alcanza

Es mucho más eficaz el mal para hacer el mal que el bien para el bien. El bien exige muchas más cosas adicionales pues es constructivo; el mal no. Santo Tomás, en la Summa, repite docenas de veces este concepto: «Bonum ex integra causa, malum ex quocumque defecto»: el bien surge cuando se ponen en juego todas las causas, sin embargo, basta que haya defecto en una para que aparezca el mal; no es suficiente corregir lo que va mal para que aparezca el bien, el bien no es ausencia de mal.

La norma no es «la solución» casi nunca. Ni siquiera leyes y procedimientos acrisolados por el tiempo como las constituciones. En África se desarrollaron unas 500 constituciones a raíz de la descolonización. Leyes hechas en Londres o Nueva York, como si Ruanda Burundi fuera Massachussets. Por ejemplo, saber quién podía votar resultaba un arduo problema (mezcla de propiedad, ingreso, residencia y calificaciones educativas) o también organizar elecciones de padrones múltiples para los Consejos de Subjefes, los Consejos de Jefes, los Consejos Territoriales, el Consejo Africano y, en la cúspide, un Consejo General destinado a asesorar al Vicegobernador General»1. Ruanda no mejoró gracias a esa Constitución.

1 Paul Johnson. Tiempos Modernos. Pág. 514. Javier Vergara editor. 1988.


Conclusión

La conclusión a la que debemos llegar es que la corrupción es un tema demasiado importante para que se convierta en moda. Una moda es algo poco serio, circunstancial, hasta con un dejo de frivolidad. Se corre el peligro de que una vez que la gente se canse del continuo manoseo del tema, la atención del público en general decaiga y el sentimiento de rechazo tan necesario ante tales actos oportunistas se adormezca. De esa forma se generará el caldo de cultivo propicio para que comience un nuevo ciclo de comportamiento inmoral.

Corrupción cero no es una opción socialmente deseable, no porque dicha condición no sea buena en sí misma, sino porque el precio que debería pagarse para conseguirla sería demasiado alto.

Como toda cuestión moral o ética, no basta atender a los resultados, hay que considerar la acción en sí, la intención y las circunstancias. La corrupción no es «controlable» como si fuera un asunto técnicamente imperfecto, afecta a lo hondo. Como poco, es un aspecto esencialmente político que precisa soluciones políticas que implican medidas técnicas (ver recuadro «Con resolver los problemas no alcanza»).

El bien exige muchas más cosas adicionales pues es constructivo; el mal no. El bien solo surge cuando se ponen en juego todas las causas. Sin embargo, el mal aparece en cuanto hay defecto de una; no es suficiente corregir lo que va mal para que aparezca el bien, el bien no es ausencia de mal.

Por lo tanto, si se desea realmente que no exista corrupción más allá de lo inevitable -lo que se considera como corrupción esporádica-, será necesario atacar el problema con una batería de acciones políticas y técnicas. Queda para un nuevo artículo analizar con profundidad cuáles serían los caminos a seguir para que -sea cual sea el grado de corrupción que enfrenta nuestra sociedad- se pueda establecer un plan de trabajo que facilite el abatimiento sostenido de la corrupción, más allá de los avatares político-electorales que cada tanto nos toca vivir.


[1] Los autores agradecen los aportes de los profesores Adrián Edelman y Luis Manuel Calleja, aunque dejan constancia que cualquier error o carencia en los argumentos utilizados son de responsabilidad exclusiva de quienes firman.

[2] Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición.

[3] El concepto de oportunismo que aquí se maneja puede comprenderse con profundidad acudiendo a Goshal & Moran, Bad forpractice: A critique of the Transaction Cost Theory, Proceedings. Academy of Management, 1995.

[4] Es interesante considerar que según Carbonara (2000), aunque en los últimos años una serie de estudios empíricos muestran que la corrupción es altamente indeseable para la vida económica de un país, años antes «corruption was not considered damaging but rather seen as a means to improve efficiency and help growth, especially in those developing countries where economic activity is impeded by red tape and bureaucratic regulations», para lo cual refiere a Bardhan (1997).

[5] VEIGA, Leonardo. Reforma tributaria y distribución del ingreso, Revista de Antiguos Alumnos del IEEM, Año V, Número 3, Diciembre de 2002.

[6] Es conveniente alertar al lector que cuando se hace referencia al control de los comportamientos se ha de ser cuidadoso. Todo intento de considerar que una sociedad opera como una empresa mercantil de mayor tamaño no es más que el error ya cometido innumerables veces por gobiernos que en otros tiempos intentaron crear el mundo ideal a través de planes de ingeniería social, colectivización y similares. En esto se cae cuando se pretende arreglar problemas políticos con medidas puramente técnicas, ejemplo que se ve en el comportamiento de algunos organismos internacionales que a fin de no molestar políticamente convierten todo en problema técnico. y generan más problemas en el plano político., para nuevamente ser tratados, equivocadamente, como un problema técnico, y así sucesivamente hasta que se llega a una crisis institucional.

[7] Una descripción de las diferentes tácticas de control puede verse en Modern Management Control Systems, K. Merchant (1998).

[8] REGENT, Pablo y VEIGA, Leonardo. La cultura y los incentivos implícitos, Revista de Antiguos Alumnos del IEEM, Año VI, Número 1, Abril 2003.

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